america.gov, Departamento de Estado de Estados Unidos
Informe sobre la trata de personas de 2011
Oficina de Vigilancia y Combate a la Trata de Personas, Junio de 2011
Ya desde 1904, los gobiernos habían acordado que colaborarían para prevenir la «trata de blancas». Más de 100 años después, los tratantes siguen hallando nuevas víctimas y, en muchas jurisdicciones, operan con total impunidad. La concientización del público acerca de la trata de personas -lo que comprende la toma de conciencia sobre las señales de alarma y las respuestas requeridas- tiene una importancia fundamental y debe ser constante. Pero la concientización del público es apenas un componente de la prevención.
Varios factores sistémicos que contribuyen a esta situación y están bajo el control del gobierno, pueden y deben cambiarse. Por ejemplo, muchos gobiernos de países en vías de desarrollo fomentan la emigración de la mano de obra como un medio de impulsar las remesas de divisas extranjeras; sin embargo, no controlan adecuadamente a los reclutadores privados que explotan a los trabajadores que quieren emigrar y los hacen vulnerables a la trata. Mediante el aumento de las iniciativas para reglamentar y vigilar estas prácticas de reclutamiento y otros factores que inciden en esta situación es posible interrumpir el acceso de los tratantes a las poblaciones vulnerables y poner fin a sus negocios ilegítimos.
Al reconocer y abordar su propia «huella de la esclavitud» -la adquisición por los gobiernos de productos fabricados y servicios prestados a costa de jornaleros sometidos al trabajo forzoso- cada gobierno puede cambiar drásticamente las políticas económicas que perpetúan la esclavitud moderna.
Gobierno: concentración en la demanda
La demanda de productos, servicios, mano de obra y sexo baratos abre oportunidades para la explotación de las poblaciones vulnerables. Es gracias a esa demanda que prospera la trata de personas. Se compra y se vende a las personas como si fueran productos dentro y fuera de las fronteras para satisfacer la demanda de los compradores. La pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, la agitación social y la inestabilidad política facilitan la capacidad de los tratantes para reclutar víctimas pero, por sí mismos, estos factores no son la causa de la trata. La realidad económica es que la trata de personas es impulsada por las ganancias. Si nadie pagara por el sexo, la trata de personas con fines de explotación sexual no existiría. Si nadie pagara por artículos producidos por trabajadores sometidos a condiciones de servidumbre, el trabajo forzoso en las fábricas sería cosa del pasado. Cada vez es más frecuente que los actores antitrata procuran combatir la esclavitud moderna desde el lado de la demanda en vez de centrarse en los arrestos y los enjuiciamientos (el lado de la oferta).
Los gobiernos tienen el deber de llevar a los tratantes ante la justicia y de ayudar a las víctimas, pero ellos también son grandes consumidores, que gastan miles de millones de dólares al año en bienes y servicios que van desde la construcción y las armas hasta los artículos de oficina y equipos de tecnología. Por lo tanto, pueden tener una repercusión inmediata en la demanda. Los gobiernos deben examinar sus cadenas de compras y suministros y procurar reducir considerablemente la explotación de las poblaciones vulnerables.
Los gobiernos pueden llegar muy lejos en lo concerniente a abordar la demanda. Por ejemplo, pueden exigir que los contratistas y subcontratistas gubernamentales se aseguren de que los empleados no sean contratados o reclutados por medios fraudulentos o a cambio del pago de sumas de dinero excesivas. Esas políticas aumentarían la transparencia y sería más difícil que los intermediarios inescrupulosos que ofrecen empleos utilizaran la servidumbre por deudas como medio de suministrar mano de obra barata para los contratos gubernamentales. Esto es particularmente importante para los ciudadanos de terceros países, que a menudo son importados para grandes proyectos de construcción y que son más susceptibles a la explotación debido a la distancia y el aislamiento, la barrera del idioma y su dependencia del empleador para obtener visas y permisos de trabajo, entre otros factores. Las asociaciones público privadas que crean transparencia en las cadenas de suministro pueden tener un efecto considerable en la reducción de la demanda, y ayudan a que la libertad sea un asunto que le compete tanto a los gobiernos como al sector privado.
Los gobiernos pueden reducir la demanda de sexo comercial estableciendo políticas de «tolerancia cero» para empleados y contratistas que participen en la trata o soliciten actividades sexuales comerciales. Esas políticas deben dejar claro que las empresas de contratación y subcontratación tienen la responsabilidad de notificar a los empleados de la conducta prohibida, y deben establecer sanciones por las infracciones, que pueden ser tan severas como la rescisión del contrato o la inhabilitación para futuros contratos gubernamentales. Esto da a las empresas, muchas de las cuales pueden llegar a perder contratos multimillonarios en dólares si se las penaliza, un gran incentivo para asegurarse de que sus empleados y subcontratistas no contribuyan de ningún modo a la demanda que favorece la trata de personas con fines de explotación sexual.
Si bien la prohibición de la trata en todos los contratos gubernamentales es un primer paso importante, sin un seguimiento adecuado, las nuevas políticas tal vez no signifiquen nada. Los gobiernos deben proporcionar recursos para la capacitación, asistencia técnica y auditoría a fin de garantizar que la trata se erradique completamente de sus cadenas de suministro.
Cuidado con lo que come: la esclavitud y los alimentos
Las imágenes polvorientas de esclavos que trabajan en plantaciones llenan las bibliotecas y las paredes de los museos, pero la demanda de artículos baratos en una economía globalizada sustenta la esclavitud hoy en día en los campos y las fincas. La esclavitud transcontinental y el Comercio Triangular impulsaron los imperios mercantiles de antaño de Europa y las Américas. Pero la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que 60% del trabajo forzoso de menores ocurre en el sector agrícola, y los productos agrícolas comprenden la categoría más grande de artículos en la Lista de los productos producidos por el trabajo infantil o por trabajos forzosos, publicada por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés).
Desde las fincas de cacao de África Occidental hasta los campos de algodón de Uzbekistán y los campos de tomates de los Estados Unidos, esta forma moderna de esclavitud sigue siendo común en el sector agrícola y está marcada por técnicas que distan mucho de ser modernas. Según el DOL, es posible que haya más menores realizando trabajos forzosos en el sector agrícola que en el sector manufacturero. En algunos países, especialmente en Asia del Sur, las familias de los agricultores siguen heredando las deudas de sus antepasados que, en muchos casos, se han ido pasando de generación en generación. Supuestamente, la esclavitud se extiende a los océanos, y en algunas regiones el trabajo forzoso se ha generalizado en las industrias de la pesca comercial.
Tanto las empresas como los gobiernos tienen funciones importantes que cumplir en la erradicación de la esclavitud en las cadenas de suministro. En esta era de clientes cada vez más conscientes, las empresas deberán ser más minuciosas en el rastreo de sus materias primas y la vigilancia de sus cadenas de suministro. Los gobiernos deben ser más diligentes en la aplicación de las leyes y reglamentos existentes. Con la aprobación de nuevas leyes, la posibilidad de rastrear el origen de las materias primas está dejando de ser una práctica recomendada voluntaria a una obligación legal. Las empresas en todas las industrias afrontan una creciente presión para comprender las condiciones en las que se obtienen sus materias primas.
Promulgación de normas comerciales
En la economía globalizada actual, a menudo hay intersecciones complejas entre las operaciones comerciales legales y la trata ilegal de personas. Cada vez más, el sector privado reconoce su papel en la erradicación de la trata de personas, tanto en las medidas preventivas para asegurar que las empresas no impulsen la demanda de trabajo forzoso como en las iniciativas preventivas para mitigar o disminuir esos abusos. También, sigue aumentando el interés del público por saber dónde y cómo se producen, fabrican, procesan y distribuyen los productos y los alimentos. Los consumidores, activistas e inversionistas están instando a las empresas a que firmen y apliquen códigos de conducta ética.
Las empresas desempeñan un papel crucial en asegurar que el trabajo forzoso no esté relacionado con los productos que compramos. No obstante, dada la complejidad de las cadenas de suministro actuales, las soluciones más eficaces para poner fin al trabajo forzoso provendrán de la colaboración entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y los consumidores. Algunos ejemplos recientes de enfoques de múltiples partes interesadas para abordar el tema de la esclavitud en las cadenas de suministro han demostrado ser muy prometedores.
El Grupo Consultivo (CG) para eliminar el uso del trabajo de menores y el trabajo forzoso en los productos agrícolas importados fue establecido por el Proyecto Agrícola de 2008 para formular recomendaciones al Secretario de Agricultura de los EE. UU. con respecto a las pautas para reducir la probabilidad de que los productos agrícolas que ingresan en los Estados Unidos contribuyan a la esclavitud. El CG consta de miembros del Gobierno, la industria, la sociedad civil e instituciones de enseñanza superior y de investigación. Sus conocimientos experto combinado contribuyeron a formular un conjunto de pautas voluntarias de la industria que esbozan las prácticas recomendadas para las actividades de vigilancia, verificación y rehabilitación de terceros independientes, y la transparencia. Las pautas pueden hallarse[en inglés] en el sitio web http://go.usa.gov/D8n.
La Ley de transparencia en las cadenas de suministro, promulgada en California en 2010 requiere que los vendedores minoristas y los fabricantes en California divulguen públicamente sus actividades para erradicar la esclavitud y la trata de personas en todas sus cadenas directas de suministro. La legislación se aplica a los minoristas y los fabricantes cuyos ingresos brutos anuales a nivel mundial superan los $100 millones. La Ley se aplica a más de 3.000 empresas que funcionan en California. Estas empresas representan aproximadamente 87% de la actividad económica de ese estado, cuya economía es la octava más grande del mundo. A partir de enero de 2012, las empresas que deben acatar la ley estarán obligadas a publicar en sus páginas web cuáles son las políticas que han aplicado para garantizar que sus cadenas de suministro estén exentas de esclavitud y trata de personas. Estas políticas pueden ser evaluar y abordar el riesgo de la trata de personas, auditar a los proveedores y capacitar a los empleados y la gerencia en materia de la trata de personas y la esclavitud. El texto de la ley de California puede hallarse {en inglés] en el sitio web http://go.usa.gov/D8n.
Las personas no pueden usarse como garantía
Una de las suposiciones más comunes sobre las víctimas «promedio» de la trata de personas es que ellas provienen de las comunidades más pobres y más aisladas. Los estudios de poblaciones en los países de origen de la trata transnacional e interna han demostrado que la incidencia de la trata es mayor entre las personas que se han instruido lo suficiente como para aspirar a una vida mejor, pero cuyas opciones para concretar esas aspiraciones son limitadas. Asistieron a escuelas para mujeres jóvenes y ahora se dan cuenta de que su educación sobrepasa las pocas opciones disponibles en sus pueblos. Se enteraron de alguien que regresó a casa con dinero para mantener a su familia. Vieron un programa de televisión que muestra lo emocionante de la vida en la ciudad o, sencillamente, tienen la valentía suficiente para intentar tener una vida mejor para sí mismas, si supieran por dónde empezar.
Allí es donde intervienen los tratantes. Aprovechando las lagunas en cuanto a la información, ellos ofrecen hacer esa conexión -a un buen empleo, a una vida mejor o una opción de traslado. Se aprovechan de la esperanza innata de sus víctimas y de su capacidad para concebir alguna oportunidad de una vida mejor. Explotan la confianza de sus víctimas en su propia capacidad para triunfar. Hallan a personas que no tienen nada y las coaccionan a usar su vida y libertad como garantía de un futuro mejor. Si bien las iniciativas económicas de amplia base no pueden interpretarse automáticamente como actividades de prevención antitrata, los gobiernos deben reconocer la desigualdad del acceso al capital al considerar las actividades para reducir la vulnerabilidad a la esclavitud moderna. Los trabajadores que emigran de su país no deberían tener que contraer deudas con intermediarios laborales para obtener empleos en el exterior. En cambio, los gobiernos podrían proporcionar préstamos en pequeña escala para cubrir los gastos de viaje y proteger los derechos de los trabajadores mientras se encuentran en el extranjero. Pueblos enteros no deberían estar atrapados por el trabajo en condiciones de esclavitud debido a deudas heredadas de generaciones anteriores. En cambio, los gobiernos podrían brindar alternativas legales de crédito y hacer cumplir las leyes que datan de décadas atrás que prohíben la servidumbre generacional por deudas.
La historia moderna ha demostrado que el microcrédito y la microfinanciación pueden mejorar la situación de la mujer, fomentar una mejor nutrición, aumentar el acceso a la atención médica y la educación, y ampliar el acceso de las comunidades a los créditos. Cuando se combinan con programas antitrata bien enfocados, las iniciativas de microfinanciación pueden actuar como liberadoras y brindar oportunidades sin riesgo y opciones de rehabilitación con un futuro respaldado por el dinero. Y los micropréstamos no son la única solución -encarcelar a los tratantes y distribuir sus ganancias mal habidas entre sus víctimas es el mejor de los programas de condonación de la deuda.
Envío y recepción: el desafío de la mano de obra en una sociedad globalizada
Los trabajadores que emigran de su país son vulnerables a la esclavitud moderna. Las mujeres viajan soñando con una vida mejor y con empleos como camareras o mucamas pero terminan siendo esclavizadas como prostitutas o esclavas domésticas. Los trabajadores quedan atrapados en la servidumbre por deudas -de muchísimas maneras como consecuencia de los costos de emigrar, tales como las sumas de dinero que pagan para conseguir empleo. Y no es solo la migración ilegal; en los informes de 2011 hubo casos en todo el mundo de víctimas viajaron a su país de destino por medios lícitos y fueron esclavizadas después de su llegada.
Según el Banco Mundial y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hoy en día, el número de trabajadores inmigrantes internacionales en todo el mundo ha aumentado rápidamente en las últimas décadas: 215 millones en 2010, en comparación con 191 millones en 2005. En 2010, se calculaba que los flujos de remesas mundiales habían superado los $440.000 millones (en comparación con $275.000 millones en 2005), y que los países en desarrollo habían recibido $325.000 millones en remesas (en comparación con $192.000 millones en 2005). En 2009, el porcentaje de las remesas en el PIB de algunos países más pequeños fue sumamente alto: Tayikistán registró una relación de remesas/PIB de 36%; Tonga, 28%; Lesoto, 25%; Moldavia, 31%; y Nepal, 23%.
Si bien las migraciones son un instrumento importante del desarrollo económico desde el nivel individual hasta el nivel nacional, hay una necesidad apremiante de fortalecer la cooperación internacional y las normas para la gestión de la migración de mano de obra. Según la OIM, la mayoría de los países del mundo -y no solo en el mundo en desarrollo- carecen de la capacidad para manejar eficazmente la movilidad internacional de las personas hoy en día. Los mayores flujos y el crecimiento drástico de una industria de reclutamiento orientada al lucro que opera en distintos países significan que los trabajadores que emigran en la actualidad son vulnerables a una amplia gama de abusos, incluso situaciones de trabajo forzoso y trata de personas con fines de explotación sexual.
Relativamente, no hay reglamentos que rijan las migraciones internacionales. En el mejor de los casos, están dominadas por unos cuantos acuerdos bilaterales -con diversos grados de aplicación- y memorandos de entendimiento bilaterales no vinculantes o acuerdos regionales. En el peor de los casos, está controlada por reclutadores privados inescrupulosos cuyos engaños y cobros excesivos pueden hacer que los trabajadores inmigrantes se encuentren muy rápido viviendo en condiciones de servidumbre por deudas.
Aun cuando haya políticas vigentes para la migración legal de mano de obra, los gobiernos deben actuar para asegurar la protección de los trabajadores inmigrantes durante todo el proceso. Donde hay acuerdos intergubernamentales (cada vez más comunes entre los países de envío y los de destino), ellos no disminuyen la necesidad de proteger al trabajador que se encuentra en programas de «patrocinio» o de «trabajadores extranjeros». Hay mucho por hacer para evitar que los jornaleros inmigrantes sigan siendo explotados por medio de estos programas. El alto nivel de explotación documentada de trabajadores poco calificados -en particular de los trabajadores domésticos- en todo el Oriente Medio, por ejemplo, es prueba de esta vulnerabilidad.
Como lo resaltaba el Informe TP de 2010, el número de mujeres en las corrientes de trabajadores inmigrantes en todo el mundo ha aumentado cada vez más, a medida que las mujeres emigran para buscar empleos que existen actualmente fuera de las protecciones laborales normales, como el servicio doméstico. La emigración en masa de trabajadoras domésticas desde lugares como Indonesia y Nepal a los estados del Golfo y Malasia es intrínsecamente peligrosa, ya que es común el abuso físico y sexual de las trabajadoras domésticas y son escasas las protecciones para las mucamas maltratadas.
Teniendo en cuenta, al menos en parte, estos motivos de preocupación acerca del abuso de los trabajadores inmigrantes, los países han impuesto restricciones a los trabajadores asiáticos en el Oriente Medio y en Asia Oriental. Estos casos no ocurren sencillamente porque hay un jefe abusivo del otro lado. Muchos de los problemas son estructurales. Las migraciones de mano de obra internacional cada vez está más dominadas por los reclutadores laborales, tanto los que tienen autorización como los que no la tienen. En vez de fomentar la competencia y las eficiencias que se transmitirían a los posibles trabajadores o empleadores, la expansión drástica de este mercado ha tenido un efecto depredador.
Las sumas exorbitantes cobradas por el reclutamiento son muy comunes, como lo son las situaciones de ofertas engañosas para atraer a los trabajadores ofreciéndoles empleos que son muy diferentes a los que se les prometió o empleos que sencillamente no existen. En el peor de los casos, esta explotación puede convertirse en una situación de trabajo forzoso, con restricciones al movimiento de los trabajadores, incumplimiento del pago de salarios, amenazas y abuso físico o sexual, todo dentro del contexto de una tarifa de reclutamiento onerosa.
El período de notificación de 2011 demostró una tendencia perturbadora, como por ejemplo, casos en que las trabajadores extranjeras de servicio doméstico que habían sufrido abuso sexual en el lugar de trabajo, luego eran entregadas por sus empleadores a terceros para ejercer la prostitución, incapaces de buscar ayuda debido a leyes restrictivas para los trabajadores extranjeros y a las deudas que habían contraído.
Estos abusos son posibles debido a que la relación normal entre empleador y empleado está sesgada por la presión financiera de las tarifas de reclutamiento que no concuerdan con los servicios prestados o que representan gran parte del dinero que los trabajadores inmigrantes ganarían si todo marchara perfectamente. Algunas veces, las amenazas más eficaces esgrimidas por los empleadores que desean mantener temerosos y a su servicio a los empleados extranjeros son las de no permitirles trabajar. Dado que a los trabajadores extranjeros a menudo no pueden aceptar empleos externos, el hecho de que se le prohíba estar en el lugar de trabajo no representa libertad sino que puede ser, de por sí, la coacción que el Protocolo de Palermo procura evitar. Por ejemplo, cuando los trabajadores tratan de reclamar el sueldo que ganaron o incluso solo comprar comida suficiente para vivir, los empleadores a menudo los confinan a un dormitorio, donde no podrán buscar un empleo externo y son obligados a ver cómo aumenta su deuda.
Los gobiernos deben aplicar controles más rigurosos a los reclutadores privados. A las asociaciones de organismos de reclutamiento laboral privados -tales como BAIRA en Bangladesh y ACRA en Camboya- se les debe exigir que cumplan sus compromisos de proporcionar a los trabajadores experiencias de migración seguras y reglamentadas. Si el gobierno es el intermediario laboral, son necesarias salvaguardas contra la corrupción, así como mecanismos para garantizar que los servicios de policía o de seguridad en el país de origen no serán empleados para obligar a los trabajadores a cumplir ciertas condiciones mientras se encuentren en el extranjero. La legislación nacional y los organismos del orden deben hacer cumplir reglamentos que equilibren los intereses de los agentes de reclutamiento privados con los derechos de los trabajadores, especialmente el derecho a denunciar abusos sin temor a ser deportado o a que se tomen represalias en su contra. Y las violaciones no deben abordarse exclusivamente mediante recursos que puedan absorberse en el costo de hacer negocios, tales como una suspensión justa o multas administrativas, sino también con sanciones penales.
Las organizaciones internacionales a menudo citan dos modelos como prácticas recomendadas. En Filipinas, los organismos de reclutamiento no pueden solicitar legalmente empleados para trabajos en el extranjero sin la autorización de la Administración Filipina del Empleo en el Extranjero (Philippine Overseas Employment Administration, POEA).
La POEA, que tiene la autoridad de poner a los organismos en período de prueba, incluye sesiones de capacitación en concientización sobre la trata en sus seminarios de orientación previos al empleo y programas de asesoramiento antes de la partida para los candidatos a empleos en el extranjero. En el último año, hubo casos de reclutadores enjuiciados en Filipinas, aun cuando el abuso ocurrió en el extranjero. Corea del Sur aplica un modelo de prevención de la trata laboral, según el cual el gobierno mismo recluta a trabajadores de 13 países, exige capacitación y concientización y consigue centros de recursos de trabajadores inmigrantes cercanos a los lugares de trabajo. Pero aun con estos ejemplos, los enfoques nacionales y bilaterales a la gestión de la migración de mano de obra son incompletos.
La continua identificación de víctimas de la trata entre las poblaciones migratorias destaca la necesidad de un sólido marco internacional para la gestión de la migración de mano de obra. La gobernabilidad de la migración debe centrarse en facilitar políticas humanas y de migración ordenada para beneficio de todos. Esto debe efectuarse a los niveles nacional, regional e internacional, tal como lo sugiere el Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales. Sin un marco apropiado, la explotación y el abuso de los trabajadores migrantes se tornarán necesariamente funestos a medida que las migraciones laborales siguen creciendo.
El informe completo puede leerse en inglés en 2011 Trafficking in Persons Report (TIP) ( http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm ).
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