Por: Juan Iván ROGERS HARPER, FCPA, CFE, CPA Auditor Forense, rogers@cwpanama.net.
Los principios, bases y pilares de la política anticorrupción son los valores morales y éticos y de allí debe desarrollarse la Constitución, leyes, regulaciones, decretos y políticas. Las autoridades y funcionarios en puestos de mando y sobre todo aquellos encargados de las unidades anticorrupción, deben comprometerse al juego limpio, primero como personas y luego como funcionarios públicos.
El aumento en los niveles de fraude y corrupción e impunidad en el sector privado y público hace imprescindible el uso de la nueva disciplina del siglo XXI: La Auditoria Forense, como fórmula idónea para prevenir, disuadir, detectar, investigar y combatir a tiempo este flagelo que afecta a individuos, empresas y gobiernos; la cual viene a reivindicar el rol histórico del auditor.
La delincuencia organizada utiliza métodos y tecnología de punta para perpetrar sus crímenes e igualmente los individuos son propensos a cometer un fraude o acto de corrupción cuando existen dos de los siguientes tres elementos: Oportunidad, Actitud y Necesidad.
Muchas veces el origen del flagelo se ubica en la pobreza, exceso de impuestos, leyes permisivas e insuficientes y en el ejemplo que dan las autoridades.
Es imposible detectar todos los mecanismos utilizados para defraudar a la empresa privada o el gobierno. Los funcionarios de control no poseen las herramientas adecuadas ni actualizadas para estos fines; el personal encargado de estas tareas no recibe el entrenamiento profesional antifraude y emplea métodos empíricos y tradicionales que no corresponden con la sofisticación de los posibles hechos punibles. La impunidad es el resultado de la carencia de profesionalismo, informes y evidencias contundentes, convirtiendo al demandante en demandado, lo cual hace que las pérdidas sean significativas.
El fraude es una enfermedad social contable y su antídoto o cura es la Auditoria Forense, que requiere la participación efectiva del Contador Público entrenado en asuntos antifraudes, legales, policiales, investigativos y de criminalística. La Auditoria Forense es la nueva tendencia de Auditoria Gubernamental e Interna que contribuye con un mejor control, gestión y rendición de cuentas para que gobernantes y empresarios cumplan cabalmente con sus obligaciones y que hagan un uso eficiente de los recursos públicos y privados puestos a su disposición por mandato del pueblo o de los accionistas y/o acreedores.
Hay más fraude en lo privado que en lo público. La gran interrogante es verdaderamente qué puede hacer un funcionario anticorrupción legalmente en cuanto a la prevención, disuasión, investigación y combate del fraude.
El mismo tiene límites en la práctica, ya que no tiene poder de mando y no puede inmiscuirse e investigar actos de corrupción que provengan de sus superiores y/o similares en línea, para luego denunciarlo ante la autoridad competente.
Debido a la modernización de los modelos democráticos en el mundo y a la competencia e incidencia de la Corrupción y el Fraude, lo mejor seria que hacia el futuro esta función anticorrupción sea elevada a rango constitucional tal como ocurre con las funciones del Defensor del Pueblo, a quién no se le puede adjudicar toda esta responsabilidad y modalidad tan técnica, especializada y abarcadora. La prevención representa el 80% de la solución del problema de la corrupción y en la Institución Antifraude que la rige, deben adoptarse o deben prevalecer los siguientes valores morales y éticos fundamentales: transparencia, independencia, idoneidad, respeto, responsabilidad, paz, honestidad, agradecimiento, solidaridad, justicia, lealtad, laboriosidad, humildad, prudencia, libertad, perseverancia, dignidad y fortaleza.
Los anti-valores son precisamente los actos de corrupción y fraude que se cometen en la sociedad y desarrollan los individuos consciente e inconscientemente, debido a la forma como fueron educados desde pequeños en el seno familiar. Estos anti-valores de los individuos inciden en la creación de constituciones, leyes, regulaciones y normas ambiguas, permisivas e insuficientes.
Las prácticas comunes de anti-valores y corrupción que hay que evitar y/o erradicar son: política del juega vivo, tráfico de influencia, nepotismo, cultura de encubrimiento o secreto, modelo autoritario de democracia descansando en las formas delegativas donde hay poderes no fiscalizados, maquiavelismo político, pasividad, omisión, complicidad, lentitud y disimulo de funcionarios de regulación, control y fiscalización.
Las Políticas Anticorrupción, Antifraude y Antilavado de activos, no requieren ser inventadas, ya existen. Sólo se requiere la verdadera voluntad política de la máxima autoridad cuyo jefe sean los valores morales y éticos, y cuyo funcionario asignado a velar por esta tarea sea una persona competente, asociada a las instituciones internacionales que estudian estos flagelos y emiten sus políticas, manuales y técnicas.
El autor es Contador Forense Certificado, Examinador de Fraude Certificado y Contador Público Autorizado, pionero de la práctica de la auditoria forense en Latinoamérica.
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