mp.gob.ve Ministerio Público iniciará proceso de selección de funcionarios que integrarán Unidad Criminalística Caracas, Venezuela, 29 de abril de 2009
En el marco de la creación de la Unidad Criminalística del Ministerio Público, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que se iniciará el proceso de selección del personal que integrará esta Unidad que tendrá como fin investigar a los funcionarios policiales que vulneren los derechos humanos.
La máxima representante del Ministerio Público durante su exposición, indicó que el Estado Venezolano debe investigar los delitos contra los derechos humanos que en su mayoría se atribuyen a funcionarios policiales, correspondiendo al Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordenar, dirigir y supervisar lo relacionado con la investigación.
«Desde el Ministerio Público constitucionalmente tenemos esa obligación, además, una de las normas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal señala que el Ministerio Público podrá practicar diligencias de investigación por sí mismo o por los órganos de policías de investigación, como por ejemplo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas o, por los órganos con competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones penales, siempre para demostrar la perpetración de un hecho punible y determinar la responsabilidad de las personas que hayan cometido el delito», aseveró.
Al respecto, destacó la importancia de que el Ministerio Público cuente con un cuerpo de investigación propio porque cuando se cometen delitos contra los derechos humanos se presentan obstáculos al momento de realizar las diligencias técnicas, pues los funcionarios policiales que han incurrido en ello, son investigados por sus mismos compañeros o amigos.
«Nos encontramos con un obstáculo que son las pruebas técnicas y científicas determinantes para el esclarecimiento de los hechos.
Algunas veces en una investigación hay que practicar ciertas diligencias muy específicas que son muy técnicas y que sólo pueden hacerlo los expertos en la materia.
En este caso, el Cicpc tiene los equipos más especializados y generalmente cuando ocurre que un funcionario de este cuerpo comete un delito, quien va a practicar las diligencias técnicas es un compañero o amigo, la persona que a diario comparte con él».
La Fiscal General dijo que no siempre ocurre así pero se han tenido experiencias de casos donde no hay objetividad ni imparcialidad.
Enfatizó que la violación de los derechos humanos debe ser debidamente sancionada tal y como lo establece el artículo 29 de la Carta Magna, por eso la importancia de crear la Unidad Criminalística, la cual garantizará, de manera objetiva e imparcial, la realización de las pruebas técnicas necesarias para demostrar la existencia de un hecho punible contra los derechos humanos.
En este sentido, agregó que el Ministerio Público mediante Resolución publicada en Gaceta Oficial de fecha 23 de diciembre de 2008, creó dos Unidades de Criminalísticas, en el área metropolitana de Caracas y en el estado Lara, las cuales serán oficinas que no dependerán de ningún organismo policial para que las pruebas que se practiquen sean ciertas o por lo menos tengan 99% de certeza.
La Fiscal General de la República, sostuvo que en un principio cada Unidad estará integrada por 16 funcionarios distribuidos entre técnicos superiores en ciencias penales y criminalísticas, patólogos, psiquiatras y biólogos moleculares porque la idea es crecer y que las mismas se conviertan en verdaderos centros de investigación que permita determinar la responsabilidad de las personas que hayan vulnerado los derechos humanos.
Aprovechó la oportunidad para dirigirse a los estudiantes del Iupolc y a sus directores donde explicó tan importante proyecto del Ministerio Público como es la creación de la Unidad Criminalística, «hecho que será histórico, pues es la primera vez que el Ministerio Público crea su propio cuerpo de especialistas técnicos y científicos capaces de realizar las experticias necesarias que contribuyan a esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los funcionarios policiales que vulneran los derechos humanos».
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